El presidente Franklin Roosevelt compró a la fuerza el oro de los inversores americanos hace 80 años.

Artículo de Ben Traynor- BullionVault

_{*Imagen de Wikimedia}

"Yo, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos de América, declaro que la emergencia nacional todavía sigue existiendo y...por  este medio prohíbo el atesoramiento de monedas de oro, lingotes de oro, y certificados de oro dentro del territorio continental de Estados Unidos por parte de individuos, sociedades, asociaciones y corporaciones... "

Estas son las primeras frases de la Orden Ejecutiva 6102, emitida por Franklin D. Roosevelt hace justo 80 años este viernes. Entre los inversores en el metal amarillo es muy comentada. Algunos temen que algo algo similar pudiera ocurrir de nuevo y que su gobierno intentase apoderarse de su oro como parte de una "solución" inventada a una "emergencia económica nacional".

Los últimos acontecimientos ocurridos en Chipre, donde el gobierno quería a aplicar un impuesto del 6,75% sobre los depósitos "asegurados" por debajo de los 100.000 €, han servido para reafirmar los temores de que la riqueza privada puede, bajo ciertas circunstancias, ser incautada.

Los gobiernos cambian las leyes de tanto en tanto y sí, es posible que bajo las circunstancias adecuadas, un  gobierno intentara confiscar el oro de sus ciudadanos. Pero la motivación para confiscar el oro que existía para Roosevelt en 1933 ha desaparecido casi por completo. Por aquel entonces Estados Unidos basaba su sistema monetario en el patrón oro (Gran Bretaña había sido obligada a abandonarlo 18 meses antes y el resto de países lo haría antes de la Segunda Guerra Mundial). El oro fue la base de la moneda de EE. UU. y de su economía; durante el periodo de FDR el valor del dólar estaba atado al oro a 20,67 dólares la onza, el precio que el gobierno ofrecía para comprar y venderlo. Al convertir la posesión de oro en ilegal, FDR nacionalizó lo que había sido propiedad privada, utilizando el oro de ciudadanos individuales para levantar la economía de Washington imponiendo penas de diez años de cárcel y multas de 10.000 dólares (más o menos medio millón de dólares al precio del oro de hoy) a aquellos que se negarán a obedecer.

Después de la Orden 6102, Roosevelt consiguió devaluar el dólar contra el oro al elevar el precio del oro, gradualmente a 35 dólares, algo que el gobierno podía hacer ya que controlaba el suministro. El presidente actuaba bajo el asesoramiento de un economista: George Warren, que creía que la mejor manera de resolver una depresión deflacionaria era inyectando un poco de inflación y empujar hacia arriba los precios.

En cierto modo, era una versión de la flexibilización cuantitativa, una política que tiene como objetivo combatir la deflación al aumentar los precios de los activos a expensas de la unidad monetaria. Mientras que actualmente los bancos centrales pueden crear dólares o euros, bajo el patrón oro no era posible. Por eso Roosevelt decidió confiscar el oro y cambiar su precio, con lo que consiguió aumentar los precios en la economía a pesar de que no había oro adicional que respaldara la cantidad de dinero.

La situación actual es muy diferente a la que Roosevelt se enfrentó en 1933. El oro no es la base del sistema monetario mundial. Poca gente posee oro en comparación, por ejemplo, a bienes inmuebles y otros activos financieros tradicionales. Los que sí lo tienen, procuran adquirirlo de forma que su gobierno no tenga acceso a él. Por estas razones, las ganancias para un gobierno que confiscara el oro de sus ciudadanos serían mucho menores que las de Roosevelt en su día. En otras palabras, la confiscación de oro no tendría tanto sentido como entonces: la recompensa no sería alta y crearía malestar entre países.

Sin embargo, nunca se puede decir nunca. Y por eso, si se decide comprar oro hay que hacerlo pensando en todas las eventualidades posibles. Una buena manera de poseer oro es hacerlo directamente (es decir, no a través de un fideicomiso), de forma física asignada y en el extranjero, en un lugar con una fuerte tradición de proteger la propiedad de los inversores internacionales.

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